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Condominios se organizan para reparar los daños causados por la represión

Condominios se organizan para reparar los daños causados por la represión
 
Portones derribados por vehículos militares, ascensores dañados y vidrios rotos son parte de las secuelas de la actuación de los cuerpos de seguridad, e incluso de civiles armados, contra edificios donde sus habitantes participaron en las protestas en rechazo al gobierno.
Reparar esos daños imprevistos se ha convertido en el dolor de cabeza de los vecinos por los altos costos de materiales y la escasez de piezas mecánicas, pero también porque hay quienes temen invertir en arreglos con el riesgo de que policías y militares vuelvan a las incursiones violentas si continúan las manifestaciones.
En el conjunto residencial Terrazas El Paraíso, en la avenida Páez de ese sector, una tanqueta de la Guardia Nacional Bolivariana derribó el portón de la entrada el 1º de mayo pasado. Repararlo les costaba aproximadamente 3.000.000 bolívares. Mientras los vecinos pagaban cuotas especiales de condominio, hicieron un arreglo parcial con apoyo de la comunidad.
“Se estaba terminando de reunir el dinero cuando iniciaron de nuevo los bombardeos (de lacrimógenas) a las residencias. Pensamos que si arreglábamos otra vez lo volverían a dañar, y así sucedió. En esa segunda oportunidad hasta se llevaron una reja”, contó una vecina.
“Mientras la situación del país siga así, hemos soldado por seguridad la puerta de peatones y uno de los dos accesos para vehículos. Ahora todos pasamos por una sola entrada y a una cierta hora se cierra para evitar que alguien pueda entrar de noche”, añadió.
Una situación similar se generó en el conjunto residencial Los Verdes, también en El Paraíso, donde fueron dañados varios portones. Un residente de una de las etapas indicó que hay costos menores en vidrios y bombillos que rompieron los cuerpos de seguridad cuando ocurrió el allanamiento el 13 de junio pasado, los cuales sí se están cobrando a todos los residentes a través de la junta de condominio.
Para las rejas de acceso de vehículos han recibido donaciones del sector privado.
“Un ascensor necesita 4 tiros de guaya para funcionar. Una de esas piezas hace 2 meses valía 345.000 bolívares. Nos cuesta asumirla, tomando en cuenta que muchos repuestos son importados y el precio varía según el dólar paralelo”, señaló un vecino.
En la tercera etapa había 8 ascensores operativos de 12 instalados. Luego de la irrupción de los cuerpos de seguridad quedaron solo 3 funcionando.
En estos edificios, como en otros en La Candelaria, los vecinos destacan que los materiales y la mano de obra han sido asumidos por los mismos residentes.
Impacto negativo
Una reciente encuesta promovida por la asociación Micondominio.com en su cuenta de Twitter revela que 31% de los consultados considera que la vulneración de la seguridad física es la principal consecuencia negativa para las residencias en estos últimos tres meses de manifestaciones. Otros aspectos son los problemas de convivencia (28%), de administración (24%) y de limpieza y servicios públicos (17%). Contabilizan hasta la fecha 46 conjuntos afectados en el contexto de las protestas contra el gobierno.
La abogada laboral Tibaire Altuve, miembro de la organización, destacó que a pesar de esos resultados, también se ha exaltado la solidaridad de vecinos y muchos están asumiendo tareas que antes no hacían en favor de la comunidad, lo cual contrarresta uno de los problemas más comunes en los conjuntos residenciales: la apatía y poca participación en la toma de decisiones.
Condominio mediador
Altuve recuerda que las juntas de condominio y administradoras de los edificios deben mantener una posición apolítica debido a la pluralidad de sus ocupantes. En la actualidad están asumiendo funciones como la intermediación entre grupos de vecinos que están de acuerdo con la protesta y otros que no, “ambas posturas legítimas”.
Danitza Suárez, coordinadora de la AC Kilómetro Inteligente y promotora de Micondominio.com en el estado Mérida, considera necesario en esta coyuntura que los integrantes de una junta de condominio se organicen más para aportar soluciones ante una contingencia y mejorar la comunicación entre los residentes.
Por ejemplo, hace un par de semanas, cuando fue convocado el paro cívico de 48 horas por la MUD, y en sectores la paralización duró más tiempo, vecinos tomaron previsiones para garantizar la alimentación del personal de vigilancia y de limpieza.
El Estado debe responder
El abogado Julio Galea, especialista en ley residencial, destaca que los destrozos a edificios causados por la acción violenta de policías, militares o civiles armados son responsabilidad del Estado. “Es este el que, de acuerdo con la Constitución, debe garantizar el derecho a la seguridad”.
Insiste en que cuando, por ejemplo, la GNB entra a unas residencias sin orden de allanamiento o sin la presencia de un juez o fiscal del Ministerio Público, actúa al margen de la ley.
Galea, también profesor de derecho condominial, explica que una comunidad de copropietarios, previo acuerdo a través de una asamblea, está en su derecho de demandar a la nación por daños y perjuicios. Sus abogados serán en principio los de la empresa administradora del edificio, a menos que el colectivo designe a uno diferente.
“He oído decir a muchos que para qué, que eso no vale la pena; pero a ellos les digo que las demandas contra el Estado sí prosperan, sí pueden tener éxito”. Sin embargo, para este procedimiento no es suficiente con que los vecinos dispongan de fotos o videos de los daños causados. Antes de emprender las reparaciones en el conjunto residencial es necesario que la comunidad o la administradora soliciten a un juez o notario realizar una inspección judicial.
Posteriormente estos funcionarios y su equipo deberán elaborar un expediente que incluirá la evidencia considerada válida en un juicio. Estas pruebas prescriben (o pierde vigencia) a los 20 años. Si se gana el caso y procede la indemnización, el Estado deberá indexar los costos de esos daños.
Fuente: El Nacional, 7 de agosto de 2017.

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